DEFENSORES DEL PUEBLO DE TODO EL PAIS SOLICITARON SE INCORPORE LA REACTIVACION DEL RAMAL C 25 FORMOSA COMO OBRA OBLIGATORIA Y NECESARIA

-En el mismo sentido, requirieron una nueva traza ferroviaria Clorinda – Barranqueras, pasando por la Ciudad de Formosa-

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), advirtió que los procesos de concesión con los que el Gobierno Nacional reorganizó la Red Ferroviaria de Cargas, la Red Vial, y la Vía Navegable Troncal, han dejado fuera de sus obligaciones de inversión, una parte sustancial de la infraestructura de transporte del Norte Grande y demandó a las Autoridades Nacionales que expliquen los criterios aplicados y adopten instrumentos que compensen esta exclusión. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, en su carácter de Vicepresidente de ADPRA, conjuntamente con Horacio "Punky" Cosenza Subsecretario de Desarrollo Económico y el Dr. Hugo César Rojas Subsecretario de Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, recordaron que, entre 2024 y 2026, el Gobierno Nacional recaudó más de $ 1,5 billones de pesos mediante el impuesto a los combustibles líquidos, sin embargo, retuvo, desvió y dejó de destinar más de $ 1 billón de pesos a las carreteras, volcándolos a inversiones financieras y títulos públicos. Las provincias padecen este abandono, sufriendo una caída real en inversiones viales de hasta el 85 %, especialmente en el Norte Argentino. Esto ha provocado que múltiples sectores productivos asuman pérdidas millonarias. Especialistas calculan que el mal estado de los caminos representa un costo económico equivalente a 3 puntos del PBI argentino, lo cual es gravísimo, porque sabido es que cada peso que no se invierta hoy, en mantenimiento, significará en el futuro un gasto de reconstrucción hasta 5 veces mayor para los contribuyentes argentinos. Por otra parte, el Gobierno Nacional no solamente Concesionó Rutas, sino también, Vías Navegables y Redes Ferroviarias, con un esquema que asigna recursos según el volumen de circulación, aplicado sin mecanismos compensatorios, lo que consolida la discriminación entre regiones. Se trata de una definición de política territorial que el Estado Nacional debe explicitar, fundar y someter a control. Por ello, ADPRA requirió: 1. Al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Transporte de la Nación, que informen qué ramales inactivos de la línea Belgrano integran el perímetro de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0004-LPU26 y con qué obligaciones y que antes de la apertura de ofertas emitan el instrumento legal correspondiente, necesario para incorporar la rehabilitación de los ramales de prioridad regional, entre ellos, el Ramal C-25 Formosa–Embarcación y una nueva traza ferroviaria Clorinda-Barranqueras, como obras obligatorias y necesarias con ponderación expresa en la evaluación de las ofertas. 2. Al Ministerio de Economía de la Nación, que exponga los criterios que determinaron el perímetro de la Red Federal de Concesiones, informe qué instrumento de inversión se prevé para la red vial nacional no concesionada y precise los criterios y las condiciones de financiamiento de las transferencias de tramos nacionales a las provincias. 3. A la Dirección Nacional de Vialidad, que haga público, para cada provincia del Norte Grande, un plan de conservación de la red nacional no concesionada con asignación presupuestaria y cronograma de obras, e informe el estado de cumplimiento de las Órdenes Judiciales Vigentes sobre esa red. 4. A la Autoridad Nacional Competente en materia de vías navegables, que informe el régimen previsto para el mantenimiento de las condiciones de navegación del Río Paraguay y Paraná superior. 5. A las Comisiones con Competencia en Transporte e Infraestructura de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, que realicen el seguimiento de estos requerimientos. 6. Instar al Ministerio de Economía de la Nación y a la Secretaría de Transporte de la Nación a arbitrar los mecanismos administrativos y presupuestarios necesarios para que los recursos que el Estado Nacional obtiene en concepto de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) sean afectados de manera efectiva, en su totalidad y con un criterio de distribución estrictamente uniforme en todo el territorio nacional, al sostenimiento, mejora e inversión de la red de transporte terrestre nacional, con especial prioridad e inmediatez en la infraestructura carretera y vial de las regiones con menor desarrollo relativo que han quedado excluidas de los esquemas de concesión público-privada.