LA DEFENSORIA DEL PUEBLO SE PRESENTO COMO “AMICUS CURIAE” EN LA DENUNCIA PENAL POR EL VACIAMIENTO DE VIALIDAD NACIONAL

-La investigación por el desvío y retención ilegal de recursos, que por ley deben destinarse al mantenimiento y reparación de las rutas nacionales, involucra a los 24 Jefes de Distrito de todo el País-

Desde el Organismo de la Constitución, se informó que en la denuncia penal impulsada por el Secretario General Jorge Segundo Maturano de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, que tramita ante el Juzgado Federal Nº 7 en “Comodoro Py” (Causa CFP 2473/2026) por desbaratamiento de derechos (art. 173 inciso 11 CP), malversación de fondos públicos (art. 206 CP), violación de deberes de funcionario público (art. 248 CP), falsedad ideológica de actos administrativos (art. 293 CP), malversación de fondos del Estado, exacciones ilegales, contra Campoy, Marcelo Jorge y otros (Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Struzenegger (Desregulación), la Defensoría del Pueblo se presentó como “Amicus Curiae” (Amigo del Tribunal) aportando antecedentes y pruebas de la causa que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de la Provincia de Formosa, a raíz del desvío del impuesto a los combustibles líquidos y la destrucción de la DNV. La acusación, apunta a que los funcionarios mencionados son presuntamente responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública y desvío de más de 400 mil millones de pesos correspondientes al impuesto a los combustibles líquidos (ICL), fondos extrapresupuestarios que debían destinarse con exclusividad al mantenimiento y desarrollo de la red vial federal. La presentación judicial solicita investigar una presunta matriz de desvío y retención ilegal de recursos que sumergió a las rutas nacionales en un estado ruinoso y a la Dirección Nacional de Vialidad, en una “quiebra técnica” inducida. Asimismo, fueron denunciados los Gerentes Ejecutivos del Organismo: Víctor Francisco Farre (Obras), Ema Lía Albrieu Cipollina (Planeamiento y Concesiones), Fernando Daniel Novoa (Conservación) y Diego Tomás Riveira (Recursos Humanos); junto a los 24 Jefes de Distrito de todo el país. El delito consiste en la malversación de fondos con afectación específica. Por ley (N° 23.966), el 28,58% de lo recaudado por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) debe alimentar obligatoriamente el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal, garantizando su intangibilidad y carácter extrapresupuestario. Sin embargo, se denunció que el Ministerio de Economía retuvo y desvió sistemáticamente durante los ejercicios 2024 y 2025 una suma estimada en 0.4 billones de pesos hacia el Tesoro Nacional. Dichos montos habrían sido colocados en instrumentos financieros (letras y bonos) para generar comisiones, privando a la Dirección Nacional de Vialidad de los recursos mínimos para operar y dejando una deuda acumulada equivalente al 90% del presupuesto aprobado de la repartición. A esto se suma la subejecución de partidas asignadas por el Congreso y el desvío de créditos otorgados por organismos de financiamiento externo. La acusación penal advierte además sobre la existencia de un fraude perpetrado mediante la falsificación de datos técnicos oficiales. Específicamente, se acusa al Ministro Sturzenegger de falsear informes de gestión vial para argumentar una supuesta “ineficiencia operativa” y de este modo justificar el Decreto 461/2025 que ordenaba la disolución del organismo. Entre las anomalías denunciadas, se constató que el P.E.N. llegó a contabilizar herramientas menores (como martillos neumáticos) como si fuesen unidades individuales de “maquinaria pesada”, con el burdo objetivo de inflar de manera artificial la cantidad o número de equipos por agente y justificar el achicamiento de la planta en beneficio de intereses privados. Por otra parte, se alertó a la Justicia que la falta de transferencia de fondos no representa un “ahorro público”, sino una millonaria destrucción de activos estatales. Citando estándares e informes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la denuncia explica que por cada dólar que el Estado deja de invertir a tiempo en mantenimiento preventivo (como sellado y bacheo), se ve obligado a desembolsar entre 4 y 10 dólares en el corto plazo para una reconstrucción total, debido al colapso del pavimento estructural. Esta desidia deliberada configura un perjuicio inconmensurable para el patrimonio físico de la Nación, de esta manera, se solicitó formalmente al Juez la inmediata intervención del Ministerio Público Fiscal para frenar inmediatamente las maniobras delictivas descritas, preservar el patrimonio del Estado y deslindar las responsabilidades penales de toda la cadena de mandos involucrada.