-Gialluca afirmó que, la discusión sobre la inequidad adquiere una urgencia política central bajo el actual modelo económico, que prioriza un ajuste fiscal estricto, “mientras el capital concentrado goza de blindaje fiscal, la Sociedad Civil soporta el peso de un sistema tributario regresivo, junto a una reforma laboral que también beneficia con exenciones tributarias a las empresas”, junto a lo informado por UNICEF que 4 de cada 10 niñas/os y adolescentes viven en la pobreza en todo el País, advirtiendo que el Presupuesto Nacional, destinado a infancias, podría caer un 16% real en 2026 en comparación con el gasto ejecutado durante 2025-
La -Dirección de Derechos Humanos y Grupos Minoritarios- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, manifestó que nuestro país es un ejemplo de cómo, pese a gobiernos de distintos signos políticos, fórmulas de economistas, esfuerzos intelectuales, el problema de la desigualdad de ingresos y por ende de condiciones de vida, sigue siendo el gran desafío irresuelto. En este sentido, señaló que, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, coloca a Formosa entre las Provincias con mayores niveles de vulnerabilidad social del País, concentradas especialmente en áreas rurales y aisladas. La grieta entre estos datos y la realidad, pueden obviamente debatirse legítimamente. Ahora, nadie desconoce que en nuestro País las asimetrías entre la Ciudad Puerto de Buenos Aires y la mayoría de las Provincias sobre todo las del Norte, vienen originando posturas críticas de algunas Jurisdicciones que no comparten la totalidad de estos problemas y que afirman se ven obligadas a mantener a las restantes e incluso van más allá, señalando que la pobreza sería causa de decisiones políticas particulares, olvidándose que, en un sistema federal, las responsabilidades son compartidas, como son compartidas las competencias. LOS DUEÑOS DE LA SOLUCIÓN, SE OLVIDAN DE VARIOS TEMAS: * Que las reducciones de impuestos a las ganancias desde el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), afecta la masa coparticipable, estimándose que se dejan de recaudar impuestos por casi USD 1.400 millones por año, * Que trasladar a las provincias los costos de reparación y construcción de rutas nacionales, significa modificar sus presupuestos, desatendiendo necesidades esenciales de la población como lo es la salud pública, * Que el efecto derrame de las grandes inversiones no aparecen ni a corto ni a largo plazo en argentina, * Que la energía producida en Yacyretá, beneficia más a CABA que al NEA. En este contexto, lo curioso y obsceno, es que las fotos de las villas de emergencia en las grandes ciudades, pasan desapercibidas, contrastando con la proliferación de country y despliegues de riqueza, donde la desigualdad estructural convive con la baja carga tributaria a los sectores más acaudalados del país. Al mismo tiempo, las fotos de la desigualdad en Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y sobre todo si la misma es de alguna Comunidad Originaria, desata generosos debates y es aquí donde nos preguntamos si, realmente se quiere y se trabaja para superar las asimetrías entre provincias con mayores ingresos de PBI per cápita y las de menores ingresos o, si queremos redistribuir la riqueza mediante un sistema tributario eficaz o simplemente se quiere blindar a los ultra ricos y asfixiar el consumo y el trabajo de la mayoría de los argentinos. ESTOS TEMAS NO SON ABORDADOS Y TAMPOCO PARECEN INTERESAR. Con lo cual, ahora surge hace pocas horas, un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef Argentina, basado en estadísticas oficiales, que revela que la pobreza infantil cayó al 42,3% en Argentina en el segundo semestre de 2025, marcando el porcentaje más bajo desde 2018. Pese a esta mejora, el estudio señala que 4 de cada 10 niñas/os y adolescentes continúan viviendo en situación de pobreza y que el 9,4% se encuentra en condiciones de indigencia. Advierten que esto podría cambiar en los próximos meses y estiman que la pobreza infantil podría incrementarse nuevamente y alcanzar valores cercanos al 44% en el primer semestre de 2026. En toda la Argentina 5,1 millones de niñas/os y adolescentes residen en hogares pobres y de ellos, cerca de 1,1 millones viven en hogares indigentes, indicándose que, para el primer semestre de 2026 se proyecta una pobreza infantil en torno al 44,4%, mientras que la pobreza extrema estaría alrededor del 10,8%. Los datos muestran la pobreza infantil medida por ingresos. Si se calcula la pobreza en forma multidimensional (que mide el acceso a la educación, la vivienda, el agua potable, etc), los mismos muestran un estancamiento desde 2020. De acuerdo a informes brindados por Unicef, la indigencia en niña/o sería 6 puntos mayor si no existieran las transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), creado en el año 2009 mediante Decreto Nº 1602/09. La AUH, la Prestación Alimentar y otros apoyos monetarios contribuyen a evitar que una parte de los hogares con niñas/os y adolescentes caiga por debajo de la línea alimentaria. Del informe también se desprende el dato de que 7 de cada 10 hogares con niñas/os y adolescentes (el 75%) utilizaron alguna forma de ayuda, endeudamiento o venta de pertenencias durante 2025 para afrontar sus gastos cotidianos, advirtiendo que el presupuesto nacional destinado a infancia podría caer un 16% real en 2026. En los primeros 4 meses y medio del año, su ejecución fue 6% inferior en términos reales con respecto al mismo período de 2025. De mantenerse sin cambios el presupuesto actual, los recursos nacionales destinados a la niñez y la adolescencia podrían experimentar en 2026 una reducción real del 16% en comparación con el gasto ejecutado durante 2025.
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