DEFENSORES DEL PUEBLO DE TODO EL PAÍS SOLICITARON A LA MINISTRA DE CAPITAL HUMANO INFORME EL ESTADO DE SITUACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACIÓN DEL TRABAJO

-Asimismo requirieron indicar si se encuentra vigente o suspendido el Programa de Apoyo a la Registración, creado por la Resolución 596/2023, para formalizar trabajadores detectados en situación de informalidad tras inspecciones. Ofrece un subsidio a empleadores (especialmente pequeñas empresas) que registren a sus empleados, abonando parte del salario por un tiempo determinado-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca en su carácter de Vicepresidente de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), entidad que nuclea a Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas de todo el país, remitieron una formal petición a la Ministra de Capital Humano Dra. Sandra Pettovello, solicitándole información, sistematizada y actualizada respecto de los procesos de reorganización, cierre o modificación de dependencias y programas vinculados a la política laboral y de fiscalización del empleo en todo el territorio nacional. A tal fin, se requirió específicamente se informe: * Listado completo de Agencias Territoriales, Delegaciones y demás dependencias de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que han sido cerradas, fusionadas o cuyo funcionamiento ha sido suspendido desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, con indicación de ubicación geográfica, fecha de cierre y acto administrativo que lo dispuso. * Nómina y situación actual del personal afectado por dichas medidas: cantidad de agentes desvinculados, pases a disponibilidad, traslados y/o reconversiones de funciones, discriminado por dependencia y jurisdicción provincial. * Estado de situación del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) y del Programa de Apoyo a la Registración: si se encuentran vigentes, suspendidos o discontinuados, y en caso de modificación, los actos administrativos correspondientes y los programas o políticas que los reemplazarían. * Datos estadísticos sobre el impacto de las medidas en los indicadores de trabajo informal: evolución de la tasa de trabajo no registrado a nivel nacional y por provincia durante el período señalado, con comparación respecto de los valores previos a la implementación de los ajustes. * Cantidad de denuncias, inspecciones y operativos de fiscalización laboral realizados en el período comprendido entre enero de 2024 y la fecha de la presente, comparado con igual período del año anterior, discriminado por jurisdicción. * Plan de continuidad o de reemplazo de los servicios suprimidos, con indicación de los mecanismos previstos para garantizar el acceso de la ciudadanía a la atención, orientación y asistencia en materia laboral en las zonas afectadas. ADPRA aclaró que la información requerida deberá ser remitida en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles contados desde la recepción de la presente, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley N.° 27.275. En caso de silencio, denegatoria o respuesta parcial o evasiva, esta Asociación se reserva el derecho de interponer las acciones legales y administrativas que correspondan, incluyendo el reclamo judicial previsto en el artículo 15 de la misma norma. ADPRA manifestó su posición institucional ante el desmantelamiento progresivo de organismos públicos vinculados a la protección de derechos laborales y sociales. Las políticas de ajuste fiscal implementadas a nivel nacional han derivado en el desfinanciamiento sostenido de áreas estratégicas de trabajo, seguridad social y empleo. El cierre de Agencias Territoriales y Delegaciones en distintas jurisdicciones, junto con la desvinculación masiva de agentes públicos con larga trayectoria, afecta directamente la capacidad del Estado para garantizar derechos consagrados constitucionalmente. Entre las dependencias afectadas se encuentran las que tienen a su cargo el control del trabajo no registrado —en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) y el Programa de Apoyo a la Registración—, desarrollados de forma articulada entre la Secretaría de Trabajo, la AFIP (actual ARCA) y los gobiernos provinciales. El debilitamiento de estas políticas públicas no es un dato administrativo neutral y abstracto: implica en la práctica más informalidad laboral, menor protección para quienes trabajan y mayor desamparo para los sectores que históricamente han dependido de la intervención estatal para el ejercicio efectivo de sus derechos.