El rector Augusto Parmetler explicó que la medida se basa en inconsistencias detectadas en la documentación para acceder los cargos docentes. Aclaró que la actividad académica continúa con normalidad.
El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto Parmetler, brindó recientemente una conferencia de prensa en la que informó sobre la suspensión preventiva de tres decanos en su rol de consiliarios del Consejo Superior, en el marco de una investigación interna por presuntas irregularidades administrativas.
La medida alcanza a María Rosa Sanabria (Administración, Economía y Negocios) y Carlos Aníbal Martínez (Recursos Naturales), quienes fueron suspendidos por 60 días, mientras que Rafael Olmedo (Humanidades) recibió una suspensión de 90 días, debido a la existencia de una situación adicional en análisis.
Según explicó el rector, durante la revisión de antecedentes se detectaron inconsistencias en la documentación presentada por los funcionarios para acreditar su condición de profesores ordinarios, requisito indispensable para acceder a cargos de conducción dentro de la universidad. En ese sentido, señaló que se identificaron elementos que no coincidirían con los registros institucionales.
Parmetler recordó que la UNaF había adherido al artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo Docente, que permitía regularizar la situación de docentes con determinada antigüedad. A partir de esa normativa, se implementó un circuito administrativo que incluyó la presentación de documentación, su evaluación en áreas técnicas, dictámenes legales y el tratamiento en el Consejo Superior.
No obstante, tras el análisis de la información, la universidad resolvió radicar una denuncia ante la Justicia por la posible comisión de delitos como falsedad documental, fraude a la administración pública y usurpación de autoridad.
En paralelo, el Consejo Superior dispuso la suspensión de los involucrados en su función como consiliarios. Desde la conducción universitaria se aclaró que esta medida es de carácter preventivo y se limita al ámbito del órgano colegiado, mientras que la situación de los cargos de decanos será definida por la Justicia.
Asimismo, se conformó una comisión especial que tendrá a su cargo la recopilación de información, la recepción de descargos y la elaboración de un dictamen, el cual deberá expedirse sobre la validez o nulidad de las elecciones realizadas el 13 de diciembre de 2024 en las facultades de Humanidades, Administración, Economía y Negocios, y Recursos Naturales.
El rector indicó que la decisión apunta a resguardar la institucionalidad de la universidad y evitar la continuidad de situaciones que podrían afectar la legalidad de los procesos internos. También reconoció que el tratamiento del tema se dio en un contexto de tensión dentro del Consejo Superior.
En cuanto al impacto institucional, Parmetler llevó tranquilidad al afirmar que la universidad continúa funcionando con normalidad. “La actividad académica no se detiene. Las clases, la investigación y la extensión se desarrollan sin interrupciones”, sostuvo, al tiempo que destacó que actualmente hay seis carreras en proceso de acreditación.
Durante la conferencia, el rector también se refirió a otros temas de agenda institucional. En relación a las denuncias vinculadas con la compra de un inmueble destinado a oficinas administrativas, explicó que la operación se concretó por un monto de 360 millones de pesos, por debajo de las valuaciones de mercado realizadas por peritos. Aseguró además que el proceso contó con dictámenes jurídicos favorables y se realizó conforme a la normativa vigente.
Por otra parte, abordó la situación del comedor universitario, que actualmente funciona con limitaciones debido a una fuga de gas detectada en sus instalaciones. Indicó que el espacio fue cerrado de manera preventiva y que se están llevando adelante obras de reparación, incluyendo la intervención de cañerías y estructuras.
En ese marco, precisó que el servicio continúa mediante la entrega de viandas y que se mantiene la inscripción de estudiantes, especialmente ingresantes. “Si es necesario ampliar el cupo, se hará. La condición es ser alumno regular, sin ningún tipo de distinción”, afirmó.
Finalmente, Parmetler remarcó que la prioridad de la gestión es garantizar el normal funcionamiento académico y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, subrayó que será la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes, mientras la universidad continuará trabajando en el fortalecimiento de su institucionalidad.
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