EL AJUSTE DEL GOBIERNO NACIONAL TAMBIEN GOLPEA LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que desde 2025 el Gobierno Nacional de Javier Milei no asigna fondos para el financiamiento de la Ex ESMA ni otros espacios de memoria, ajustando fuertemente el área de Derechos Humanos en nuestro país. La Justicia intervino para garantizar su funcionamiento en medio de despidos masivos y suspensión de fondos. Mientras cada 24 de marzo miles de personas salen a la calle para sostener la memoria colectiva sobre el golpe militar, las políticas públicas destinadas a preservar los sitios donde funcionó el terrorismo de Estado atraviesan uno de sus momentos más críticos. Desde 2025, el Gobierno nacional no asigna fondos para el funcionamiento de la ex ESMA ni otros espacios de memoria, en un contexto de fuerte ajuste en el área de derechos humanos. Durante el primer año de gestión de Javier Milei, el presupuesto destinado a estos espacios sufrió un recorte histórico. Según datos oficiales, la partida para la “Muestra Permanente Museo de Sitio ESMA” cayó un 88% en términos reales en 2024, mientras que la destinada a la “Puesta en Valor de Sitios y Espacios de Memoria” se redujo un 92,2%. Pero el dato más alarmante es el actual: el presupuesto vigente para 2026 directamente no contempla fondos para ninguna de estas áreas. Es decir, si no hay modificaciones, el financiamiento es cero. Los sitios de memoria no son espacios simbólicos aislados. Son pruebas judiciales, lugares de reconstrucción histórica y herramientas pedagógicas clave para entender los crímenes de la dictadura. La ex ESMA, incluso, fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO por su valor como testimonio del terrorismo de Estado. Sin embargo, el recorte presupuestario se combina con otras decisiones que profundizan el deterioro. Durante 2024, más de 800 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos fueron despedidos, según datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En paralelo, el Gobierno avanzó con la suspensión de pagos al ente que administra el predio de la ex ESMA bajo el argumento de realizar auditorías. Desde el Ministerio de Justicia justificaron la medida al señalar que se trataba de “cortar una caja millonaria”, mientras que desde los organismos y sindicatos denunciaron que esto pone en riesgo el funcionamiento básico del espacio, incluyendo el pago de salarios. El impacto del desfinanciamiento llegó a tal punto que la Justicia federal tuvo que intervenir. El juez Ariel Lijo ordenó al Estado garantizar el funcionamiento del Espacio de Memoria de la ESMA, incluyendo tareas básicas como mantenimiento, limpieza, preservación de archivos y continuidad de actividades pedagógicas. En su resolución, también pidió evitar acciones que contradigan “los principios sobre políticas públicas de memoria”, en medio de crecientes tensiones por el rumbo del área. El recorte no solo tiene impacto económico, sino también político y simbólico. Organismos de derechos humanos, trabajadores y referentes del sector denuncian un cambio de paradigma: de políticas activas de memoria, verdad y justicia a un esquema de desfinanciamiento y cuestionamiento del rol del Estado en este campo. La combinación de presupuesto cero, despidos masivos y medidas administrativas como auditorías o suspensión de transferencias alimenta el temor de un vaciamiento progresivo de estos espacios. En un país donde los sitios de memoria fueron construidos tras décadas de lucha de sobrevivientes y familiares, el debate ya no es solo presupuestario. Es, en esencia, una discusión sobre el lugar que ocupa la memoria en la Argentina actual y el rol del Estado en garantizarla.