AUNQUE LA INFLACION DESACELERA EL 77% DE LOS CONSUMIDORES PERCIBE QUE SU SALARIO PERDIO PODER ADQUISITIVO

-El Informe de la UBA, describe un “efecto serrucho” en los salarios, “aumentos nominales que no logran sostenerse frente a subas concentradas en consumos esenciales como: servicios esenciales (+560%), combustibles (+489,3%), alquileres, transporte, comunicaciones y medicamentos (desregulados)”, lo que va deteriorando el poder adquisitivo y deja sin margen a los hogares para cubrir otras necesidades-

La -Dirección de Usuarios y Consumidores- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, afirmó que, aunque los indicadores oficiales muestran una moderación de la inflación, la percepción social va en sentido contrario. Un informe privado revela que el 77% de los argentinos considera que su salario perdió poder adquisitivo frente al avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El mismo expone una brecha creciente entre los datos macroeconómicos y la experiencia cotidiana de los hogares, atravesada por subas persistentes en tarifas, transporte, combustibles, alquileres, rubros que erosionan el ingreso disponible. El análisis se apoya en un estudio de la consultora Centric, que midió cómo el avance del IPC se refleja -o no- en los ingresos percibidos por los argentinos. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, añadió que, a ese diagnóstico se suma un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que describe un “efecto serrucho” en los salarios: aumentos nominales que no logran sostenerse en términos reales frente a subas concentradas en consumos esenciales. Hoy se gasta mucho más en servicios, energía eléctrica, internet, telefonía celular, servicio de cable (todos desregulados y con precios que imponen unilateralmente las empresas prestatarias), gas, transporte, alquileres, combustibles y medicamentos (que en el caso de los más usados por jubilados aumentaron por encima del promedio analgésicos +3.5%, psicofármacos +2.8%, entre otros), que van consumiendo el poder adquisitivo y termina dejando menos margen para otras compras. Este fenómeno genera un desacuerdo claro: aun cuando la inflación general desacelera, los rubros que más pesan en el presupuesto familiar crecen por encima del promedio, lo que impide que los hogares perciban una mejora real. Todos esos consumos esenciales terminan generando que la persona no sienta que el número de inflación sea el más bajo en los últimos siete años.
Una brecha persistente entre datos y experiencia cotidiana: El cuadro que surge del informe es claro: la desaceleración inflacionaria no se traduce automáticamente en alivio para la clase media. La combinación de salarios con ajustes intermitentes, aumentos focalizados en gastos esenciales y una percepción social de retroceso configura un escenario de tensión distributiva. Más allá de los indicadores técnicos, la clave está en la capacidad de los ingresos para recomponerse de manera sostenida frente a los precios que más pesan en la vida diaria. Mientras esa brecha persista, la inflación “a la baja” seguirá sin sentirse en los bolsillos, reforzando una percepción extendida de pérdida del poder adquisitivo y fragilidad económica. Gialluca señaló que, el Estado Nacional desde que gobierna Javier Milei, se ha ahorrado $ 100,8 billones, siendo los recortes en jubilaciones, junto con obra pública y programa sociales, los tres segmentos más golpeados. El ajuste sobre los jubilados sigue siendo uno de los principales componentes del ahorro fiscal con $ 16,5 billones. El Congreso sancionó el Presupuesto 2026, el primero aprobado durante la administración actual, luego de dos ejercicios consecutivos en los que el Ejecutivo prorrogó de manera inédita el Presupuesto 2023. Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las partidas destinadas a jubilaciones registrarían un incremento real del 6%, sin embargo, los recursos asignados al bono extraordinario que perciben los jubilados de la mínima sufrirán una caída real del 13,8%, lo que supone la continuidad del monto en $ 70.000, sin actualizaciones, a lo largo de todo el año, tal como ocurre desde marzo de 2024. Como consecuencia del congelamiento de esos refuerzos, el informe estimó que la jubilación mínima tendría una baja real cercana al 0,6% en 2026. Por último, el Gobierno Nacional busca avanzar también con su proyecto de modernización laboral, bajo el argumento de que las reformas permitirán generar empleo y fortalecer el sistema previsional. Sin embargo, la iniciativa se presenta en un escenario que contradice el diagnóstico oficial: la actividad económica permanece estancada, el empleo formal continúa en retroceso y miles de empresas atraviesan una crisis de rentabilidad que pone en riesgo su supervivencia. Detrás del discurso de la modernización, el proyecto avanza sobre tres ejes centrales: el recorte de derechos laborales, la ampliación de la discrecionalidad empresarial en detrimento de la negociación colectiva y el desfinanciamiento de la seguridad social.