DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO NACIONAL AL VACIAR EL INTI Y PRIVATIZAR CONTROLES CLAVES DESTRUYE UN MODELO DE PAIS Y AFECTA GRAVEMENTE A LA INDUSTRIA NACIONAL

-El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ignora la importancia de las actividades del INTI para la vida de las personas y para la industria, “poniendo en riesgo la seguridad y salud, toda vez que este Instituto, se encarga de la certificación de la seguridad de miles de productos desde el año 1957-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se rechazó enfáticamente el vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con lo cual, el Gobierno Nacional redefine el rol del Estado, que deja de ejercer los controles operativos y los pasa a actores privados que se integran a un Servicio Nacional de Aplicación. El retiro del INTI de la verificación de balanzas, surtidores de combustible, alcoholímetros, radares de velocidad y la delegación de esas tareas en laboratorios y certificadoras privadas, coloca en riesgo la vida de las personas y de la calidad de los productos de nuestra industria nacional. La medida, publicada en el Boletín Oficial, avanza con el corrimiento del Estado de funciones históricas de control bajo el argumento de eliminar “superposiciones” y agilizar trámites. Las mediciones, que afectan directamente a consumidores y usuarios, quedarán a partir de ahora en manos del mercado, con riesgo de conflicto de intereses y una mayor fragmentación del control público. Bajo el petexto de una “verdadera desburocratización y simplificación” para eliminar supuestos obstáculos al comercio y demoras administrativas, la Resolución Nº 213/2025 dispone el cese de las funciones operativas del INTI en el control de instrumentos clave para la confianza pública y la seguridad. Esta medida implica que, el Estado Nacional deja de ser el garante directo de la precisión en mediciones que afectan derechos básicos: como el pesaje de productos, la carga en surtidores, el funcionamiento de radares de velocidad o termómetros clínicos. De esta manera, el Gobierno Nacional delega esas tareas en laboratorios y organismos privados acreditados, mientras que el INTI se retira de la fiscalización territorial para limitarse a un rol de “articulador” y generador de “procedimientos técnicos de referencia”. La resolución oficial detalla en sus anexos una extensa lista de instrumentos de medición esenciales que el INTI dejará de ensayar y certificar directamente, lo que tendrá consecuencias directas en los procesos de aprobación de modelos, verificación primitiva y periódica. Entre los controles más sensibles que se retiran de la órbita operativa estatal se encuentran los surtidores de combustibles, nafta, kerosene y gasoil; las balanzas comerciales, instrumentos de pesar no automáticos; y los taxímetros, herramientas que garantizan la equidad en las transacciones diarias de los ciudadanos. La medida alcanza incluso áreas de salud y servicios básicos, al incluir en el cese de funciones a los termómetros clínicos, tanto de vidrio como electrónicos; y a los medidores de agua potable y energía eléctrica, cuya precisión quedará ahora bajo la responsabilidad de laboratorios y organismos privados. Al disponerse que el INTI cese la prestación directa de servicios metrológicos legales, el Gobierno Nacional modifica el rol del Estado, que deja de ejercer el control operativo y pasa a concentrarse en la habilitación y supervisión de actores privados que se integran al Servicio Nacional de Aplicación.