DEFENSORIA DEL PUEBLO JUNTO A ORGANIZACIONES DENUNCIARON QUE EL GOBIERNO NACIONAL DEROGA DERECHOS SOCIALES ESENCIALES VIA EL PRESUPUESTO

-Gialluca afirmó que, si el Gobierno tiene éxito en aprobar este presupuesto, asegurará el ajuste presupuestario a la educación superior, más importante en la historia de la democracia y denunció que, además de las inconsistencias e inconstitucionalidades del mismo, “se daría una colosal transferencia de recursos a los sectores más ricos de la sociedad, en un contexto donde dicen que no hay plata”-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que el Gobierno Nacional, deroga leyes ya ratificadas por el Congreso, mediante el Presupuesto 2026. Estamos hablando de dos leyes, -Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario- que fueron aprobadas por el Congreso, vetadas por el Poder Ejecutivo y finalmente ratificadas por la insistencia parlamentaria, con un respaldo masivo de la sociedad civil. En este sentido, el Organismo de la Constitución Provincial, se sumó a la firma del pronunciamiento junto a la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi), Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (Faica), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), la Red de Asistencia Legal y Social (Rals) y la Asociación Civil Andar. Los citados cuestionaron el proyecto de Presupuesto Nacional impulsado por el oficialismo y advirtieron que elimina leyes ya sancionadas, desconoce emergencias vigentes y viola tratados internacionales, implicando un retroceso en derechos fundamentales y afectando de manera directa a las personas con discapacidad, a las universidades nacionales y al sistema de salud pediátrico. Se señaló que el nuevo texto presupuestario propone eliminar la ley de financiamiento universitario, la Ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos destinados al Hospital Garrahan, normas que ya habían sido votadas por el Congreso y cuyo veto presidencial fue revertido por el propio Poder Legislativo. Se cuestionó duramente el respaldo político que permitió el avance del proyecto, señalando que, el oficialismo reunió 28 firmas, sumando a legisladores del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca, Innovación Federal e Independencia. En el plano legal, alertaron que el Estado Nacional, no justificó la supuesta falta de recursos para sostener las leyes que ahora pretende derogar, y “si bien una ley puede modificar otra, en el caso del Presupuesto el Gobierno debe demostrar la imposibilidad de la erogación, algo que no ha hecho”. Además, remarcaron que el artículo 75 del proyecto presupuestario es inconstitucional, ya que utiliza una ley anual y transitoria para modificar leyes de fondo, como la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, situación advertida por la propia Oficina de Presupuesto del Congreso.
¿Qué pasará con las Universidades y con los Colectivos de Personas con Discapacidad si prospera el plan del Gobierno Nacional? Si bien aún falta el tratamiento en Diputados y Senadores, el oficialismo obtuvo su primer triunfo y aprobó su dictamen para ser evaluado en ambas Cámaras. Pese a que el Financiamiento Universitario fue sancionado a mediados de octubre, tras superar el veto presidencial, todavía su ejecución está frenada en el Poder Judicial, por ello, las universidades advierten que “es imposible desarrollar con normalidad todas las actividades en 2026” y que la crisis será peor a la actual. Por eso, se pidió que los legisladores mantengan su posición y apoyen a las Casas de Altos Estudios. Gialluca afirmó que, si el Gobierno tiene éxito en aprobar este presupuesto, asegurará el ajuste presupuestario a la educación superior más importante en la historia de la democracia. Argentina terminará el año con el gasto público más bajo de la región para el sector, ni Chile, ni Perú, ni Colombia, con sistemas más privatizados que el nuestro, le dedican tan pocos recursos públicos a las universidades. El Consejo Interuniversitario Nacional (la entidad que nuclea a las universidades públicas nacionales) solicitó 7,2 billones de pesos para sostener el funcionamiento de las instituciones, el gobierno estipula 4,8 billones. Incluso, el presupuesto para 2026 es todavía más bajo que el de 2024 y 2025. A pesar de que el Ejecutivo prevé un aumento del 4,5 por ciento sobre el presupuesto actual, la inflación prevista para 2026 es de 10,1 por ciento. Para tomar dimensión de las cifras, las universidades públicas señalaron que el presupuesto se redujo un 46,4 por ciento desde 2023 hasta ahora. “De aprobarse la propuesta oficial en 2026, se sumaría un 3,5 por ciento de caída respecto al 2025. El proyecto oficialista también propone la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establecía aumentos en las partidas del área. En este sentido, se advirtió que la medida es inconstitucional, ya que el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera explica que los presupuestos no pueden reformar o derogar leyes que se encuentran vigentes.