En el Congreso se realizó una insólita exposición para “probar” que las vacunas generan magnetismo. Mientras tanto, los verdaderos datos muestran algo mucho más serio: en Argentina están reapareciendo enfermedades que creíamos controladas: Rebrote de sarampión, aumento de hepatitis A y caída histórica en la vacunación infantil. La vacunación es una política de salud pública esencial. Es una herramienta científica probada que ha cambiado la historia de la humanidad, evitando millones de muertes, discapacidades y sufrimiento evitable. Mantener y ampliar las coberturas de vacunación es una responsabilidad compartida entre los sistemas de salud, los equipos profesionales y toda la sociedad. Protegerse uno es proteger a los demás: al vacunarnos, reducimos la circulación de los patógenos y cuidamos a las personas más vulnerables (lactantes, personas con inmunodeficiencias, adultos mayores). Aunque el Gobierno Nacional no ha adoptado una postura oficial antivacunas, su filosofía de un -Estado Mínimo- que no interfiere en las decisiones personales puede ser fácilmente instrumentalizada. Cuando una diputada del partido en el que se apoya el oficialismo pide modificar las leyes para eliminar la obligatoriedad de las vacunas del calendario oficial como propone la diputada del PRO Marilú Quiroz, se está poniendo en riesgo el bien común. El debate no es sobre la libertad de expresión, sino sobre la responsabilidad pública de no propagar información que amenaza la salud de millones de argentinos. Mientras el «experimento» del jardinero se convierte en una anécdota bizarra, lo que realmente magnetiza la atención, es la necesidad urgente de una condena explícita y unívoca por parte de las autoridades políticas y sanitarias. Permitir que el Congreso Nacional sea el escenario de estas payasadas pseudocientíficas, especialmente en un contexto de desconfianza institucional, es un acto de negligencia que la sociedad argentina no puede permitirse.
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