LAS DEFENSORIAS DEL PUEBLO DE FORMOSA Y BUENOS AIRES INSTARON AL MINISTRO DE SALUD DE NACION QUE INCLUYA A ESTAS JURISDICCIONES EN EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE VACUNAS

-Los verdaderos datos muestran algo mucho más serio que la supuesta magnetización de las vacunas, en argentina, están reapareciendo enfermedades que estaban controladas, produciéndose rebrotes de sarampión, aumento de hepatitis A y caída histórica en la vacunación infantil, mientras el Congreso Nacional, se presta para actos grotescos y de verdadera negligencia que repudiamos enérgicamente-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, junto al Ombudsman de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Guido Lorenzino, Instaron al Ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones, que de manera urgente, se corrija el grosero error cometido, con las correspondientes rectificaciones públicas y se incorpore a la Provincia de Formosa y Buenos Aires en el pronunciamiento emitido por la Cartera Nacional, mediante la cual, se afirma que, “Las Vacunas son Seguras y Salvan Vidas”, toda vez que, estas dos jurisdicciones no fueron invitadas a suscribir dicho comunicado, lesionándose arbitrariamente e intencionalmente los derechos de los ciudadanos que en ellas residen. Se añadió en este sentido, que las Carteras de Salud de las Provincias citadas, han expresado públicamente, que, de haber sido invitadas, hubiese suscripto dicho documento, considerando que, siempre han respaldado el Calendario Nacional de Vacunación, además de venir solicitando desde hace largo tiempo que el Gobierno Nacional provea las vacunas necesarias y que invierta en Campañas de Difusión y Concientización sobre la importancia de vacunarse. Gialluca recordó que, hace pocos días en el Congreso de la Nación, se realizó una insólita exposición para “probar” que las vacunas generan magnetismo. Mientras tanto, los verdaderos datos muestran algo mucho más serio, en argentina, están reapareciendo enfermedades que estaban controladas, produciéndose rebrotes de sarampión, aumento de hepatitis A y caída histórica en la vacunación infantil. Ninguna vacuna tiene metales, imanes, ni chips. Lo que sí tienen es eficacia comprobada, años de investigación y la capacidad de salvar vidas, “por ello, vacunarse, no te convierte en un imán, sino que te convierte en parte de una red de cuidado colectivo”. Este evento, que congregó a una sala llena de activistas y profesionales que cuestionan la eficacia y seguridad de las vacunas (particularmente las de COVID-19), no fue un debate académico. Fue la exposición pública de pseudociencia disfrazada de «preocupación ciudadana». Sociedades científicas y médicas han desmentido categóricamente la relación entre las vacunas y el magnetismo, una teoría conspirativa global que carece de base bioquímica o física. El actual contexto político bajo el gobierno de Javier Milei agrava la situación. El clima de desregulación total, la exaltación del individualismo por encima del bien común y la constante crítica a las instituciones y al «establishment» (incluido el científico), crea un caldo de cultivo ideal para que las narrativas antivacunas prosperen. Aunque el Gobierno Nacional no ha adoptado una postura oficial antivacunas, su filosofía de un -Estado Mínimo- que no interfiere en las decisiones personales puede ser fácilmente instrumentalizada. Cuando una diputada del partido en el que se apoya el oficialismo pide modificar las leyes para eliminar la obligatoriedad de las vacunas del calendario oficial como propone la diputada del PRO Marilú Quiroz, se está poniendo en riesgo el bien común. El debate no es sobre la libertad de expresión, sino sobre la responsabilidad pública de no propagar información que amenaza la salud de millones de argentinos. Mientras el «experimento» del jardinero se convierte en una anécdota bizarra, lo que realmente magnetiza la atención, es la necesidad urgente de una condena explícita y unívoca por parte de las autoridades políticas y sanitarias. Permitir que el Congreso Nacional sea el escenario de estas payasadas pseudocientíficas, especialmente en un contexto de desconfianza institucional, es un acto de negligencia que la sociedad argentina no puede permitirse.