LA JUSTICIA FEDERAL OTORGO 90 DIAS MAS A VIALIDAD NACIONAL PARA QUE ACONDICIONE LOS PUNTOS CRITICOS DE LAS RUTAS NACIONALES EN FORMOSA

-Se solicitó al Distrito 22 de Vialidad Nacional, proceda a la colocación de cartelería vertical en todos los lugares donde exista peligro para la circulación de los usuarios-

El Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, a cargo del Dr. Fernando Morán, hizo lugar al pedido, tanto de la Fundación Padres Unidos Por el Dolor, Defensoría del Pueblo y Vialidad Nacional, “de prorrogar el Auto Interlocutorio dictado en fecha 27 de junio de 2025, por un plazo de 90 días a partir del jueves 20 del corriente mes y año”. Asimismo, se Intimó a Vialidad Nacional Distrito 22, “proceda a la correcta carga de los informes de cumplimientos para así, realizar una clara evaluación de los mismos”, toda vez que, la Orden Judicial Vigente establece que Vialidad Nacional deberá ejecutar en un plazo de 90 días tareas de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas, siendo la situación más crítica la que se registra en el Puente Blanco, donde el socavamiento y los hundimientos ya ocasionaron accidentes fatales. El Fallo, establece que el estado actual de las rutas representa un riesgo grave para la seguridad vial y el derecho a la vida. El deterioro no sólo pone en peligro a quienes transitan, sino que impacta directamente en la economía regional: el transporte de cargas se vuelve más lento y costoso, cae el turismo y se dificulta el acceso a servicios esenciales en comunidades aisladas. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, este fallo se da en un contexto nacional marcado por un fuerte ajuste del gasto público, implementado por la administración de Javier Milei, que eliminó fondos para obras viales en todo el país, siendo que Formosa no es la excepción: las rutas nacionales se encuentran sin mantenimiento desde hace años. Afirmó que la Justicia ha dejado en claro que la sentencia no representa una intromisión en las facultades del Ejecutivo, sino que exige el cumplimiento de obligaciones legales ya establecidas. En caso de incumplimiento, la DNV podría enfrentar cargos por desobediencia. Con esta medida, se busca dar una respuesta concreta al reclamo de los usuarios viales, ante un Estado Nacional que, hasta el momento, permanecía en silencio frente al deterioro creciente de la infraestructura. Ahora, Vialidad Nacional deberá actuar, con plazos definidos y bajo supervisión judicial. Por otro lado, el Gobierno Nacional dio un paso más en la privatización de la red vial argentina al oficializar el llamado a licitación pública para la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC). Este proyecto implica la concesión de casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales, que forman parte de un plan mayor que busca privatizar alrededor de 9.000 kilómetros de rutas de todo el país. La medida fue formalizada a través de la Resolución Nº 1843/2025, publicada en el Boletín Oficial, y afecta a tramos clave de la provincia de Buenos Aires, como las rutas 3, 5, 226 y 205. La licitación, que abarca tanto la construcción como la explotación, administración y mantenimiento de diversas rutas, será nacional e internacional, abriendo la puerta a operadores privados que gestionen estos tramos viales. Obviamente, que ninguno de los tramos licitados hasta ahora comprende a la Provincia de Formosa y, por otra parte, a pesar de la aprobación de la licitación, las críticas no tardaron en llegar. Los habitantes de distintas localidades, así como los gremios y transportistas, han señalado la deficiencia en el estado de muchas de las rutas nacionales, lo que ha sido un tema recurrente en los últimos años. A esto se suman las quejas sobre la falta de inversión en obras públicas por parte del Gobierno actual. Con esta nueva medida, el Gobierno nacional busca transformar la administración de la infraestructura vial, confiando en el sector privado para que se encargue de la construcción y mantenimiento, sin recurrir a financiamiento público. El éxito o fracaso del plan dependerá de cómo se implementen estas concesiones y si se logran mejoras concretas en las condiciones de las rutas, que son esenciales para el desarrollo económico del país. El avance de la RFC (Red Federal de Concesiones) sigue siendo un tema de debate, con fuertes opiniones a favor y en contra, pero el impacto de esta medida se verá en los próximos años, cuando las concesiones empiecen a tomar forma y las rutas bajo gestión privada comiencen a operar, entre tanto, continuaremos acompañando a los usuarios a través de las presentaciones judiciales, para que las trazas nacionales que atraviesan nuestra provincia, se encuentren mínimamente en condiciones de transitabilidad segura.