DENUNCIAN IRREGULARIDADES Y MALVERSACION DE FONDOS VIALES EN RUTAS NACIONALES RECLAMANDO QUE VUELVAN A VIALIDAD NACIONAL

-Se solicitó a Vialidad Nacional y al Ministerio de Economía, que la actual decisión impulsada para reconstruir y mantener las rutas nacionales, sea modificada, ya que la misma, “reproduce el modelo implementado durante la década del 90, que se caracterizó por su ineficiencia, falta de control estatal y ausencia de resultados concretos en materia de infraestructura vial, contrariando principios de legalidad, equidad y eficiencia administrativa, afectando tanto a los usuarios, como al interés público”-

El Coordinador del CONADUV (Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial), Ricardo Lasca, junto al Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA); la Asociación de Protección de Consumidores PROCONSUMER; la APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la Argentina), la Cooperativa DIESEL LTDA, DE.U.CO (Asociación de Defensa del Usuario y Consumidor) y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP), notificaron a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa del documento que revela las variadas -Falencias del Régimen de Concesiones Viales Nacionales- impulsadas desde el Gobierno Nacional, remarcando que, el mismo implica un abierto incumplimiento a la Constitución Nacional pues, desconoce el derecho al libre tránsito de las personas y bienes, pretendiendo habilitarse por ahora 54 nuevas cabinas de peaje en todo el territorio argentino, no cumpliéndose con el recaudo de disponer de vías alternativas no concesionadas, exigiendo la entidad que, la gestión pública de las rutas vuelvan a manos de Vialidad Nacional, dado que si bien se anunció en distintas oportunidades su disolución, “la Empresa Estatal que en la actualidad está a cargo de la Administración, se llama Corredores Viales S.A. y opera como una estructura paralela de Vialidad, limitándose al cobro de peajes, sin realizar obras y funcionando claramente como una caja política”. El instrumento destaca que los usuarios de las rutas nacionales “ya abonan casi la mitad del costo de los combustibles para que las rutas nacionales estén en condiciones y aún así nada se hace hasta la fecha”. Encima pretenden imponer peajes a mansalva, lo cual claramente es ilegal y representa una doble imposición. Si el Estado Nacional va a concesionar todo lo relacionado con la infraestructura carretera argentina, debería dejar de recaudar los impuestos a los combustibles o coparticiparlos con todas las provincias. El documento, en su punto IV, titulado “Recaudación y Malversación de Fondos”, destaca que, por año, son recaudados unos U$S 3.000 millones de dólares en impuesto a combustibles, siendo evidente, a la luz de la inacción de Vialidad Nacional, la malversación de dichos fondos. Por otra parte, se repudia que los gastos para poner en marcha las nuevas concesiones, serán financiadas por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que depende del Ministerio de Economía, resultando ello una nueva carga financiera para el Estado Nacional (ciudadanos – usuarios), que financiará las obras para que privados se lleven las ganancias. A su vez, estos privados, afirman, resultan ser, los mismos a los que el propio presidente llamó Cámara Argentina de la Corrupción, lo cual fue rechazado, sosteniéndose que “la inversión en caminos y rutas no representa un gasto, sino una herramienta para crecer, generar trabajo y fortalecer el entramado productivo nacional, por eso, pedimos a las autoridades abrir instancias de diálogo con una mirada estratégica”. En el punto VII titulado -Repetición de un Modelo Fracasado-, destacan, que las nuevas concesiones serán dadas sin inversión ni riesgo empresario, triplicándose las tarifas con instalación de incontables puestos de peajes, con fondos del estado, a cambio del bacheo y cortado de pasto de las banquinas, toda una burla. Con ello, el enorme costo que implicará al transporte de cargas y pasajeros, desplazarse por las rutas nacionales, inevitablemente influirá en los costos finales de bienes y servicios que pagarán los consumidores. Por su parte, el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, con base en el documento recibido, remitió sendas Instancias a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y al Ministerio de Economía de la Nación del cual depende, peticionándose que el actual esquema impulsado para reconstruir y mantener las rutas nacionales, sea modificado, ya que el mismo, “reproduce el modelo implementado durante la década del 90 que se caracteriza por su ineficiencia, falta de control estatal y ausencia de resultados concretos en materia de infraestructura vial, contrariándose principios de legalidad, equidad y eficiencia administrativa, afectando tanto a los usuarios, como al interés público”.