Retirados de las Fuerzas de Seguridad de Nación, del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería y Prefectura Naval, así como sus familiares directos y personal civil jubilado de estos organismos, mantuvieron una -Reunión Informativa- en la Sede de la Defensoría del Pueblo, solicitando la urgente intervención de esta Institución, “ante la gravísima situación de emergencia sanitaria que afecta a miles de afiliados del IOSFA en la Provincia de Formosa”, lo cual, fue denunciado por el Delegado Provincial de -ASUBA Formosa-, SP (R) Javier Manuel Ramos. Expresaron los citados que, desde Junio de 2025 se encuentran suspendidos los servicios de Odontología y Kinesiología y desde el 01 del corriente mes y año los prestadores de ACLISA, bioquímicos y anestesistas interrumpieron todas las prestaciones médicas por falta de pago, dejando sin cobertura médica-asistencial a los afiliados de esa Obra Social, colocándolos en un estado total de indefensión y abandono de persona. En virtud de ello, desde la Defensoría del Pueblo, se remitieron Actuaciones a la Sede Central de la Obra Social y al Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, a cargo de Luis Alfonso Petri, Intimándose se proceda a efectivizar el cumplimiento de prestaciones médicas, mediante prestadores privados y de confianza de los afiliados, no siendo procedente dejar esta atención en nosocomios públicos, al que no tienen acceso de forma inmediata debido a la alta demanda, lo que acarrea además, un colapso del sistema público provincial, en perjuicio de toda la comunidad formoseña; planteando no permitir el reintegro, sin disponer de un plazo inmediato, sobre todo porque se trata de gastos que exceden el presupuesto de cualquier ingreso de un afiliado, máxime considerando el número de los mismos y los descuentos que se les realizan mensualmente, debiendo brindárseles calidad y excelencia en las prestaciones médicas. En la práctica, por el contrario, ni siquiera se encuentran cumpliendo con las mismas, habiéndose dejado de convenir con otras entidades como FEMEFOR, APS, etc., que implicaba posibilidad de elección de prestadores, debiendo hacerse cargo los afiliados de tan grave situación, denunciando delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y/u otros delitos penales y civiles que se producen, en defensa del DERECHO A LA SALUD de los mismos. La realidad es que el empeoramiento progresivo respecto al cumplimiento de las prestaciones médicas se ha originado en estos últimos tiempos, en principio dejándose de celebrar convenios como los antes mencionados, lo que significó que se cuente con 800 prestadores médicos menos, para atender la masa de afiliados que en esta Provincia, ronda en un número de 14.500, cuando anteriormente el afiliado, con la sola presentación de su D.N.I. accedía a la atención de su médico de confianza y sin inconvenientes. Corresponde destacar que la Obra Social IOSFA nuclea al personal en actividad y retirados de las fuerzas armadas y de seguridad, siendo la tercera obra social por cantidad de afiliados, con más de 600.000 afiliados perteneciente de las Fuerzas Armadas, Gendarmería Nacional, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el mayor porcentaje de descuento, que es del 6 al 8%, por lo que resulte inconcebible que se encuentre enfrentando actualmente un déficit creciente y una caída sostenida en la calidad de sus prestaciones. El incremento exponencial de su deuda se debe a la gestión actual del Instituto por parte del Ministro de Defensa Luis Petri, cambiando la conducción de IOSFA tres (3) veces este año, nombrando presidentes que fueron incapaces para controlar el gasto y frenar el espiral de endeudamiento, lo que derivó en cortes de prestaciones y desabastecimiento de farmacias, transformando un superávit de casi 3 mil millones de pesos al cierre de 2023, con el cumplimiento de prestaciones médicas de excelencia, en una deuda superior a $ 200.000 millones de pesos en menos de dos años. A esto se le suma, un crédito de 40.000 millones de pesos provenientes del Instituto de Ayuda Financiera para Pensiones Militantes (IAF), tomado por Roberto Fiochi, que estuvo a cargo de la Presidencia de IOSFA, con tasas superiores al 50 por ciento anual, que terminó incrementando el pasivo general, que más que rescatar, encierra a IOSFA en una trampa a largo plazo. Los reclamantes señalaron que, lo más indignante es que además de deudas que corresponden a aportes y contribuciones patronales no realizados, la falta de control sobre proveedores y desajustes administrativos, los recursos se fueron por fugas institucionales, aprobando gastos siderales y sobrevaluados en la emergencia: millones en medallas protocolares, reparación de una cafetera, vales de combustible y mantenimiento de compresores, mientras los afiliados quedan sin atención. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que denunció ante los estrados judiciales para que se investigue la malversación de fondos públicos, aseveró que IOSFA habría firmado un convenio por cincuenta mil millones de pesos, sin los debidos procesos de licitación, con la empresa Suizo Argentina S.A., una de las principales proveedoras de medicamentos del país, y señalada por el reciente escándalo de coimas de ANDIS. Su última titular: Betina Surballe prometió auditorias y modernización informática, pero no están siendo cumplidas, ya que los afiliados pagan religiosamente sus cuotas, aportes que son exponenciales y siguen sin recibir atención médica básica, siendo que, el Ministerio de Defensa debió asistirla con $ 15.000 millones para pagar a droguerías, la deuda de IOSFA continúa creciendo sin brindar servicios a sus afiliados.
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