-De aprobarse por el Congreso de la Nación esta desinversión, se provocará una destrucción educativa, en la cual, el Gobierno Nacional asume solo el 25% del gasto educativo, mientras que el 75% restante quedará en manos de las Provincias-
La -Dirección de Educación- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, ante el Proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno Nacional de Javier Milei al Congreso, “el cual, en el rubro -Educación y Cultura-, se reduce en una participación del 0,75% del PBI, la más baja en una década, representando un fuerte ajuste y retroceso histórico”, solicitó formalmente tanto a la Presidenta del Senado, Victoria Villaruel, como así también, al Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y a los Presidentes de la Comisión Unicameral de Educación y Cultura del Senado, Eduardo Enrique de Pedro y a Finocchiaro, Alejandro a cargo de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, “requirió, se rechace el mismo, toda vez que el Proyecto contempla la derogación del art. 9 de la Ley de Educación Nacional, que fijaba un compromiso del 6% del PBI para la educación, considerando Nación y Provincia”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, con esto la educación del país pasa de tener un piso legal mínimo a depender exclusivamente de la discrecionalidad presupuestaria, agravándose en el hecho de que el 25% del gasto educativo público es asumido por la nación, mientras que el 75% restante queda en manos de las provincias. Por otra parte, si bien se establece, “un aumento nominal del 17,9% para el 2026 respecto del 2025, ese incremento equivale a apenas un 3,6% real si se toma la inflación oficial estimada, -pero con la inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el crecimiento real será prácticamente nulo”. Gialluca alertó que esta desinversión provocará una “destrucción educativa” similar a la vivida en los años 90, dejando a las provincias sin recursos para pagar los salarios docentes e impactando gravemente en: * Infraestructura escolar: – 84,4%.
* Formación docente (INFoD): –71,2%. * Educación técnica (INET): – 84,5%. * Eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente). *Becas estudiantiles: millones de estudiantes sin apoyo; siendo evidente que el objetivo final del ajuste es “la privatización de la educación pública” y por ello, denunciamos que la educación no puede ser la variable de ajuste, toda vez que se congela el piso salarial nacional, se elimina el FONID y se incumple con la Ley de Financiamiento Educativo. Este ajuste afirmó el Funcionario Provincial, profundizará las desigualdades ya existentes, para la educación obligatoria, -inicial, primaria, secundaria- y los programas de alfabetización, la situación se complica más porque existirá menos infraestructura, menos equipamiento, menos formación docente y más jornadas extendidas. 
			
			
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