LA DEFENSORIA DEL PUEBLO INTIMO AL GOBIERNO NACIONAL A PUBLICAR EN FORMA URGENTE LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD RATIFICADA POR EL CONGRESO

-El Jefe de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados Lic. Marcelo Alejandro Parra, presidida por Daniel Arroyo, resolvió exigir al Interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, se restituyan las pensiones no contributivas por invalidez laboral dadas de baja-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que ante la demora en la Promulgación y Reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad Nº 27.739, lo que impide que pueda ser aplicada en beneficio de las personas con discapacidad, toda vez que el Senado de la Nación informó formalmente al Poder Ejecutivo de la insistencia sobre el proyecto original el pasado 4 de septiembre, con lo cual, ya pasaron más de 10 días hábiles, por lo que, los plazos para su implementación se encuentran totalmente vencidos, incluso hay quienes advierten que esos tiempos no se aplican en caso de insistencia de un veto, por lo que, debería haber sido promulgada en forma inmediata, “se envió una Carta Documento a la Secretaria de Legal y Técnica de la Nación y al Director del Registro Oficial, María Ibarzábal Murphy y Walter Rubén González, a publicar en un plazo máximo de 24 horas la Ley Nº 27.793, de Emergencia en Discapacidad, ratificada por ambas Cámaras del Congreso, tras el fallido veto del Presidente Javier Milei, bajo apercibimiento de denunciar penalmente a los citados funcionarios por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, siendo un deber de las dependencias antes nombradas, dar a publicidad esta ley, toda vez que el veto presidencial, fue vencido por el Congreso de la Nación en fecha 4 de septiembre del corriente año”. El Funcionario Provincial, añadió que, esta norma revierte los recortes en materia de pensiones y deja sin efecto la auditoría irregular que había ordenado la ANDIS. La misma, establece que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deberá reasignar partidas dentro del presupuesto y garantizar los fondos necesarios. Por otra parte, la Emergencia también prevé dejar sin efecto la auditoría irregular implementada por Diego Spagnuolo, el ex abogado personal de Javier Milei e incorporar cientos de miles de nuevos beneficiarios al programa. Todo ese plan queda en suspenso si la Emergencia es reglamentada. El artículo sexto de la ley establece que para acceder a una pensión hará falta únicamente acreditar un Certificado Único de Discapacidad (CUD) y no percibir ingresos formales equivalentes a dos salarios mínimos. Según el informe que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso, permitirá que ingresen al beneficio "entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios". En ese punto hay que tener en cuenta que, según datos oficiales, a marzo de 2025 había más de 1.900.000 argentinos con CUD vigente, el 4,1% de la población total. Y que el Estado entrega poco más de un millón de pensiones (sin contar los posibles ajustes hacia adelante). De acuerdo a la OPC, el costo total de ese punto de la norma "se estima en un rango de $ 2 billones (0,25% del PBI) y $ 4 billones (0,48% del PBI)". Además, la norma que había vetado Milei también invalida la auditoría de la ANDIS, proceso que nació con la radiografía del perro que mostró el Vocero Manuel Adorni y que según confiesa Spagnuolo en uno de los audios filtrados fue una fake news. En su artículo 16, la ley de Emergencia establece que la ANDIS deberá adoptar un nuevo un sistema de "auditorías periódicas", con "un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios", además de "notificaciones fehacientes" "el acceso claro a la información por parte de las personas con discapacidad durante todo el proceso". Gialluca añadió que, todo esto se da, independientemente de la causa judicial que se prosigue contra la ANDIS y donde se busca que la misma cumpla con la orden de la Justicia Federal de depositar los fondos adeudados a todas las personas con discapacidad dentro del territorio de la Provincia de Formosa. Por último, señaló, “que es tal la anarquía reinante actualmente en el Gobierno Nacional, que este mismo, ha denunciado en la Justicia Federal que, la ANDIS llevó adelante la Auditoría en relación a las personas con discapacidad, con un procedimiento inconsistente e irregular vulnerando garantías y principios constitucionales que la convierten en nula absolutamente habiendo suspendido beneficios que satisfacían necesidades básicas de los titulares”, por lo que se reiteró la responsabilidad que le cabe al Gobierno Nacional y en especial a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los hechos de violencia social que se vienen sucediendo como consecuencia directa del no cumplimiento por parte del Estado Nacional a Fallos Judiciales firmes y a leyes sancionadas por el Congreso de la Nación.