-Se subrayó la imperiosa necesidad de que el Congreso de la Nación, en un ejercicio de responsabilidad institucional y compromiso con la calidad democrática, aborde con la máxima celeridad la elaboración y aprobación de un Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2026. Un presupuesto sancionado en tiempo y forma, no es solo una exigencia legal, sino un acto de previsibilidad, transparencia y respeto por los derechos de todos los argentinos-
La Asociación de Defensoras/es del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), observa con profunda preocupación el escenario de incertidumbre y las implicancias institucionales que emanan de la ausencia de una ley de presupuesto nacional para el ejercicio en curso, tal como lo ha sido en el 2024 y 2025. Esta situación, lejos de ser un mero tecnicismo administrativo, erosiona la planificación estratégica del Estado, menoscaba la previsibilidad en la gestión pública y, en última instancia, afecta directamente la capacidad de garantizar derechos fundamentales a la ciudadanía. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, en su carácter de Vicepresidente II de ADPRA, puso en duda que el Gobierno Nacional quiera tener -Ley de Presupuesto 2026-, venimos observando como el diputado nacional José Luis Espert, Presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda, nunca tuvo voluntad alguna para que la misma funcionara y a esto se le suma que el Presidente de la Nación, junto con su Gabinete, tienen serias limitaciones para elaborar el Presupuesto, “toda vez que, no conocen a las provincias, nunca las han visitado, no recorren el territorio argentino y ello, los lleva a desconocer la realidad productiva de cada región”. Por ello, el Funcionario Provincial, solicitó que el Congreso debe insistir contra los vetos, toda vez que, esto tiene que ver con que no hay presupuesto y de ahí la necesidad de legislar en materia universitaria, en salud pediátrica, en material jubilatorio y otras áreas altamente sensibles a nuestra comunidad. El pronunciamiento señaló que, la defensa del pueblo, en su rol esencial de salvaguarda de los derechos y garantías de los habitantes frente a los actos u omisiones de la administración pública, es testigo privilegiado de las consecuencias que la discrecionalidad presupuestaria genera. La falta de un marco legal que asigne de manera explícita y transparente los recursos públicos para cada Área y Programa se convierte, con demasiada frecuencia, en una justificación insustancial para la desatención de demandas legítimas y la postergación de soluciones a problemáticas sociales acuciantes. La capacidad de respuesta del Estado se ve comprometida, no por una ausencia real de recursos, sino por la falta de una hoja de ruta clara y consensuada que guíe su distribución y ejecución. En este contexto, ADPRA subraya la imperiosa necesidad de que el Honorable Congreso de la Nación, en un ejercicio de responsabilidad institucional y compromiso con la calidad democrática, aborde con la máxima celeridad la elaboración y aprobación de un Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2026. Este instrumento, pilar básico de la gobernabilidad, debe reflejar un debate informado, una asignación equitativa de los recursos y una visión estratégica que permita al Estado cumplir con sus funciones esenciales, promover el desarrollo y proteger a los sectores más vulnerables. Un presupuesto sancionado en tiempo y forma no es solo una exigencia legal, sino un acto de previsibilidad, transparencia y respeto por los derechos de todos los argentinos. La institucionalidad se fortalece en la medida en que los mecanismos republicanos operan con plena vigencia y responsabilidad. Por todo ello es que, desde ADPRA, solicitamos la aprobación de esta ley fundamental y necesaria.
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