DENUNCIAN PENALMENTE AL INTERVENTOR DE LA ANDIS POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y SOLICITAN AUDIENCIA PARA EL DEPOSITO DE LOS BENEFICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció formalmente al actual Interventor de la ANDIS, Alejandro Alberto Vilches, ante la comisión del hecho previsto y reprimido por el art. 239 del CPA, frente a la resistencia o desobediencia en cumplir con la orden judicial que se encuentra firme y debidamente notificada, que estableciera mediante una Sentencia Interlocutoria de fecha 19 de agosto del corriente año, que en el término de 24 horas, se debía dejar sin efecto las retenciones y/o suspensiones de las pensiones no contributivas por incapacidad laboral, dispuestas en todo el territorio de la Provincia de Formosa, liberándose los fondos depositados en las entidades bancarias que se encuentran retenidos en las cuentas de los beneficiarios. El Ombudsman Provincial, señaló en su presentación, que estamos hablando de personas que han cumplimentado con todos los requisitos legales para la obtención del beneficio de una pensión por discapacidad no laborativa y que, de la noche a la mañana, han sido privados de la misma, en algunos casos, sin mediar notificación alguna por parte de la ANDIS en procedimientos irregulares y marginales. Todo este colectivo de miles de personas, se encuentran actualmente en una situación apremiante, con sus ingresos suspendidos, que poseen “naturaleza alimentaria”, a lo que se le suma, la eliminación de coberturas sanitarias indispensables para cada uno de ellos frente a sus diversas situaciones. Por otro lado, afirmó que, es enorme la magnitud del daño que se causa al hacerse caso omiso a la orden de un magistrado, máxime cuando la misma ha sido ratificada por la Cámara Federal de Resistencia Provincia del Chaco, y sabiendo que los órganos judiciales, son la “última ratio” que quedan, para resolver conflictos, interviniendo solo cuando otras medidas menos invasivas e insuficientes no hubieran dado resultado. En este caso, la orden judicial se concretó una vez agotadas todas las vías para resolver el presente conflicto, por lo que, la denuncia penal es la herramienta que hoy utilizamos, frente a la inacción del Interventor de la ANDIS y del Gobierno Nacional de Javier Milei en cumplir con una orden de un Juez de la Nación, “considerando a esta conducta, como una burla a todo el sistema judicial, la cual, consolida el abuso a quienes habiendo sido damnificados por medidas abiertamente ilegales y arbitrarias, no reciben aún la reparación a la que tienen derecho y los sumergen en un estado de desesperación y miseria”. Por otra parte, se solicitó una -Audiencia Virtual-, ámbito en el cual, se buscará una resolución inmediata en beneficio de las personas con discapacidad y deslindar las responsabilidades civiles y penales de cada una de las partes, dado que a la falta de cumplimiento de una orden judicial, se le suma una profunda indignación ante la ausencia de empatía, toda vez que estas auditorías van a quedar en la nada, por haber sido irregulares y la Defensoría del Pueblo, junto a las Asociaciones y Fundaciones que nuclean a las personas con discapacidad, continuaremos al lado de las mismas frente a una decisión del Gobierno Nacional que se llevó a cabo con fines únicamente fiscalistas y ultrajando los derechos a la vida, la salud y la dignidad humana de este colectivo altamente vulnerable.