EL SENADO RECHAZO EL VETO PRESIDENCIAL Y LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD ES LEY

-Es la primera vez en 20 años, que el Poder Legislativo voltea un veto presidencial-

Gialluca señaló que, esperamos que el Presidente la aplique como corresponde y no busque judicializar un tema tan sensible, de lo contrario el Congreso debería pedir su juicio político, por otro lado “los colectivos de personas con discapacidad y esta Institución lamenta profundamente el voto en contra del Senador Francisco Paoltroni, quien debería involucrarse más en el tema antes de tomar decisiones que perjudican a personas altamente vulnerables”. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, resaltó que la Ley de Emergencia en Discapacidad, fuera ratificada por el Senado de la Nación. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, los principales puntos son los siguientes: * Se establece que la emergencia en materia de discapacidad durará hasta el 31 de diciembre del 2026. * La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional. * Se establece una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha. * Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC. *Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio. * Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos. * El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores. * La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones. * La diferencia del impacto fiscal se debe al número de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley, sostuvo la OPC. * La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoría con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios. * El procedimiento de auditoría deberá garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación y el acceso claro a la información. * Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años. El Funcionario Provincial, adelanto que veremos cómo queda ahora todo lo relacionado con las irregulares Auditorias Médicas que viene llevando adelante la ANDIS, “pues la nueva ley ordena que la Agencia Nacional de Discapacidad realizará una Auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios” criterios estos que han sido ignorados por el Gobierno Nacional, vulnerando derechos humanos de miles de ciudadanos.