LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD ESTABLECE QUE SE PODRA ACCEDER A UNA PENSION POR INVALIDEZ SOLO CON EL CERTIFICADO UNICO DE DISCAPACIDAD (CUD)

Desde la -Dirección de Discapacidad- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, ante la aprobación por unanimidad en el Senado de la Nación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, se advirtió que, “el Presidente Javier Milei debe respetar la voluntad del Congreso y de las Provincias, si veta esta Ley, esperamos que el Congreso insista y vuelva a aprobarla, porque esta norma no es una cuestión de política, es una cuestión de dignidad y de vida o muerte de miles de personas”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, cualquier equilibrio fiscal se logra garantizando condiciones de vida digna y en nuestro territorio, el Gobierno Provincial, continúa sosteniendo diversos servicios a favor de las personas con discapacidad con recursos propios, haciendo un esfuerzo enorme para cubrir lo que Nación ha dejado de financiar, y por eso, consideramos que todo ello no es un gasto, sino más bien, es una inversión en dignidad, “toda vez que el Estado Provincial está garantizando derechos y no haciendo caridad”. Por otra parte, el Funcionario Provincial, informó que la Ley aprobada, aborda 2 problemas urgentes que atraviesa el colectivo de la discapacidad: 1) es el ajuste sobre los prestadores, comprendiendo un universo de más de 100 mil puestos de trabajo directos e indirectos, que asisten a unas 250 mil personas por obra social y del sistema público. Son profesionales, enfermeros, médicos, acompañantes terapéuticos, escolares, transportistas y especialistas en rehabilitación: todos ellos tienen sus ingresos congelados desde diciembre, cuando recibieron un último aumento mezquino, del 0,4 por ciento. Tienen un retraso respecto de la inflación de casi 70 puntos. Las instituciones no tienen de dónde sacar los recursos para pagarles: la ANDIS, el organismo que regula las políticas públicas para el sector, no convoca a la reunión de directorio para actualizar el valor de la hora de servicio. Una maestra de apoyo, por ejemplo, está cobrando menos de 3.200 pesos la hora. Como el Gobierno Nacional no actualiza ese “nomenclador”, el proyecto lo obliga a hacerlo todos los meses de acuerdo al IPC de inflación. 2) El ajuste sobre las pensiones: como venimos denunciando desde el 2024, el Gobierno Nacional se propone recortar, a través de una auditoría en curso, unas 400 mil pensiones por invalidez. Casi un tercio del total. El resultado de la auditoría estará para fin de año, pero mientras tanto, la ANDIS se ocupó de endurecer los requisitos para futuros beneficiarios. A través de la misma resolución que contenía insultos como “idiota” para referirse al colectivo, estableció que para acceder a la pensión hay que acreditar una “invalidez laboral total”, del 66 por ciento. Además, la volvió incompatible con tener un trabajo formal. Eso deja al margen a un amplio universo de personas. Ahora, la ley revierte ese retroceso: se podrá acceder sólo con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), y con ello, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cambio "podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas", lo que supone "un refuerzo fiscal equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI", el proyecto propone que esos fondos salgan de la reasignación de partidas.