EN EL II PLENARIO DE ADPRA LLEVADO A CABO EN SANTIAGO DEL ESTERO SE PLANTEO EXIGIR A LA ANDIS ASEGURE UN TRATO DIGNO Y EQUITATIVO EN TODO EL PAIS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

-Gialluca señaló que, el plan de privatización de rutas nacionales, no es más que un -Plan Menem II- pues son idénticos contratos, de la década del 90, actualizados con respecto a las garantías y a las condiciones de recupero de la inversión, evidenciándose que la política del Estado Nacional, es “trasladar el costo de mantenimiento y operación de las rutas a los usuarios, sumándosele otros costos directos, para quienes transitan las mismas, como lo son el control de cargas, la seguridad, el auxilio y la señalética”-

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, participó en el II Plenario Anual de ADPRA llevado a cabo los días 3 y 4 de julio en la Ciudad de Santiago del Estero, a través de su Asesor Legal Fernando Sosa, en donde Luis Ger Titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Capital, señaló que, durante las dos jornadas se abordaron variadas temáticas de suma importancia y que se centran en problemáticas, nacionales, provinciales y municipales, siendo todos relevantes, pero se debió priorizar los más demandados por los ciudadanos, entre los que se encuentran el estado de las rutas nacionales, el aumento de siniestros viales, el proceso de privatizaciones y la ausencia de obras nuevas esenciales en pliegos licitatorios. El Representante del Organismo de la Constitución por la Provincia de Formosa, expuso y presentó, la necesidad de que se intime a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a llevar adelante una adecuada atención de las personas vulnerables, cuya asistencia cae en la esfera de sus obligaciones, de esta forma, ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina) Instará a la ANDIS a: 1) Extiendan los horarios de atención en sus oficinas, que aún funcionan a fin de dar adecuadas respuestas a las demandas que se formulan, 2) Implementen mecanismos que aseguren el acceso a la información de las personas con discapacidad, debiendo ser la misma, clara y precisa, 3) Garantizar la disponibilidad de personal suficiente y capacitado conforme a las necesidades del colectivo destinatario, 4) Remitir a la Asociación el listado de beneficiarios alcanzados por las Auditorías hasta ahora realizadas, así como los domicilios de las mismas y por último, 5) Derogar el Decreto Nº 843/24 que modifica los requisitos para acceder y mantener la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y se revoque la Disposición Nº 187/25 (ANDIS) que aprueba el “Baremo para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral”, regulaciones que implican un retorno al modelo médico de la discapacidad y por lo tanto un grave retroceso para los derechos de las personas que se encuentran en esa situación. Por su parte, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, consultado sobre la Audiencia Pública convocada por Vialidad Nacional en la Ciudad de Resistencia el viernes 4 de julio y donde se puso a consideración de la ciudadanía 3 de los 8 tramos que se privatizarán en la III etapa planificada (Chaco, Santa Fe, Litoral y Noreste), señaló que, “este plan de privatización de rutas, llevado a cabo en momentos en que el Gobierno Nacional planea disolver Vialidad Nacional, nos pareció extraño y además, el mismo, no es más que un -Plan Menem II- pues son idénticos contratos de la década del 90, actualizados con respecto a las garantías y a las condiciones de recupero de la inversión, evidenciándose crudamente que la política del Estado Nacional, es trasladar el costo de mantenimiento y operación de las rutas nacionales a los usuarios, sumándosele otros costos directos para quienes transitan las rutas como lo son el control de cargas, la seguridad, el auxilio y la señalética”. Por último, añadió que, ya circula el Proyecto del PEN que plantea un drástico recorte en el área de transporte y control vial y conforme al cual, la Dirección Nacional de Vialidad, creada en 1958, sería eliminada y sus funciones -estudios, licitaciones, mantenimiento y obras sobre rutas nacionales- serían absorbidas por el Ministerio de Economía, que también podrá delegarlas a provincias o al sector privado. El Gobierno argumenta que la DNV representa una estructura “excesivamente onerosa”, con 477 cargos jerárquicos y una dotación de personal que creció un 148 % en los últimos 15 años. También señala que muchas tareas, como desmalezado y mantenimiento, ya están parcialmente tercerizadas. Otro punto central del proyecto es la disolución de la ANSV, creada en 2008, y el traspaso de sus funciones a dos actores: la Secretaría de Transporte y la Gendarmería Nacional Argentina, que quedaría a cargo del control de tránsito en rutas, sanciones e infracciones. El proyecto señala que la reorganización busca reducir el gasto público y garantizar eficiencia, pero Gialluca consideró que, en la práctica, la eliminación de organismos claves como Vialidad Nacional podría abrir un conflicto federal, laboral y judicial, si finalmente el decreto se firmara.