SOLICITAN LA INTERVENCION DEL CONGRESO DE LA NACION FRENTE A LA AUTORIZACION A LA POLICIA FEDERAL PARA REALIZAR CIBERPATRULLAJES Y REQUISAS SIN ORDEN JUDICIAL

-Conforme al Decreto Nº 383/25, la PFA puede ahora realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención en espacios públicos digitales, redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes, como así también, detener o demorar a ciudadanos para establecer su identidad-

Desde la -Dirección de Derechos Humanos y Grupos Minoritarios- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se reclamó formalmente al Presidente de la Cámara de Diputados de Nación a cargo de Martín Menem y a las Comisiones Permanentes de, Seguridad Interior presidida por Nuñez José, como a la de Derechos Humanos y Garantías a cargo de Ajmechet Carlota Sabrina, como así también, a la Presidenta del Senado Victoria Villarruel, para que junto a la Comisión Unicameral de Seguridad Interior y Narcotráfico a cargo de Carolina Losada y a la de Derechos y Garantías en la persona del Vocal Mariano Recalde, ejerzan dentro de sus competencias, las facultades de controlar y eventualmente, rechazar el DNU 383/25 publicado en el BO por el Gobierno Nacional, el cual, habilita el ciberpatrullaje de la Policía Federal sin la orden de un juez y amplía sus facultades de detención de ciudadanos, pudiendo dejar al mismo sin efecto, “si se comprueba que dicho Instrumento vulnera la Protección de Datos Personales (Ley Nº 25.326), la libertad de expresión, la intimidad, la privacidad de las personas o llegase inclusive a violentar la vida y el patrimonio de los argentinos”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, este Decreto no solamente redefine las funciones y la estructura de la fuerza federal, sino que también, habilita a la PFA a realizar, ciberpatrullaje en redes sociales y espacios digitales abiertos sin necesidad de autorización judicial previa. Entre las nuevas facultades de la PFA para el cumplimiento de sus funciones, se incluye la potestad de realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente. El Funcionario Provincial, añadió que, nuevamente el Gobierno Nacional elude e ignora al Congreso de la Nación y mediante un DNU, coloca en riesgo los datos personales de los ciudadanos, como así también, la posibilidad de restringir la libertad ambulatoria y de expresión, deteniéndose a individuos sin intervención de la Justicia y demorarlos por el tiempo que sea necesario para establecer su identidad. Son en estos puntos donde entendemos necesaria la intervención del Congreso de la Nación para que se establezcan reglas claras en cuanto a las competencias de la Policía Federal Argentina y se encuentre un justo equilibrio entre la eficiencia en la lucha contra el delito y la protección de las libertades individuales en la era de la información.