DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO NACIONAL DISOLVIÓ EL PLAN PROCREAR DE VIVIENDAS

-Desde la Defensoría del Pueblo se afirmó que el Ministerio de Economía hizo uso de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Base para eliminar lo que quedaba del PROCREAR, ordenando el cierre del Fondo Fiduciario, dejando en manos del Banco Hipotecario los créditos en ejecución y dispuso devolver a la AABE - Agencia de Administración de Bienes del Estado- a cargo de Nicolás Alberto Pakgojz, las tierras destinadas a viviendas sociales-

Desde la Defensoría del Pueblo, se denunció que el Gobierno Nacional eliminó definitivamente los créditos PROCREAR, herramienta que permitió a miles de familias acceder a una vivienda propia, bajo el argumento de que este Programa representa una carga fiscal excesiva e insostenible para el Estado Nacional y que la financiación de viviendas debe ser una función del Sistema Bancario Comercial, sin ninguna intervención directa del Estado. Esto se concretó a través de una resolución publicada en el BO, que disolvió el Plan Procrear, que otorgaba créditos para poder construir o ampliar una vivienda. Uno de los mayores interrogantes tras la disolución del fondo, es el destino de los créditos hipotecarios y personales que fueron otorgados bajo las distintas líneas del Procrear, tanto para adquisición, construcción o refacción de vivienda única, como créditos de desarrollos urbanísticos en ciudades de todo el país. En este punto el Ombdusman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el Ministerio de Economía dispuso que la gestión de estos créditos continúe bajo la administración del Banco Hipotecario, que firmará un contrato con el Estado Nacional con iguales condiciones de retribución previstas en el fideicomiso original de 2012. Los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales: monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pago. Esto significa que los beneficiarios, en principio no verían alterados sus derechos ni obligaciones. Las cuotas pactadas seguirán vigentes bajo el mismo esquema, sin modificaciones unilaterales y sin alterar la seguridad jurídica de quienes accedieron de acuerdo con la normativa vigente a lo largo de estos años. La liquidación del fondo implica que la administración económica y legal de los créditos —cobro de cuotas, emisión de deuda y eventual renegociación— se mantendrá a cargo del Banco Hipotecario, tal como venía funcionando. Además, la Secretaría Legal del Ministerio de Economía será responsable de resolver eventuales causas judiciales derivadas de la operatoria del programa. En cuanto a las obras sin terminar, esta medida del Gobierno Nacional se concreta en un contexto donde se encuentran cerca de 17.000 viviendas en desarrollo en distintos puntos del país, con diferentes grados de avance. Respecto de las mimas, se resolvió que la continuación y finalización de estos desarrollos urbanísticos quedará a cargo de las provincias, los municipios o del sector privado. Por otro lado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá recibir propiedades que no tengan contratos vigentes y gestionar la venta o cesión de los inmuebles. En el caso de terrenos o proyectos aportados por provincias o municipios, podrán acordarse devoluciones totales o parciales de los predios. Las viviendas terminadas, pero aún no adjudicadas, posiblemente se incorporen al mercado por medio de ventas directas, lo que representaría un cambio significativo con respecto a la adjudicación vía sorteo que caracterizó al Procrear. En cuanto a los proyectos urbanísticos del Procrear, que contempla edificios multifamiliares o viviendas tipo PH en predios estatales, los cuales suman 85 en todo el país y equivalen a unas 18.500 unidades, quedarán bajo la órbita provincial o municipal, a partir de distintos convenios y esquemas de traspaso. Para los proyectos que no hayan avanzado o no cuenten con contratos vigentes, el Ministerio de Economía podrá disponer la venta o transferencia a la AABE u otros organismos públicos, y para los créditos que aún no han sido desembolsados en su totalidad, la dirección de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía deberá adoptar las medidas necesarias para regularizar cada situación.