EL GOBIERNO NACIONAL PROYECTÓ PLAN DE OBRAS DE U$S 6.600 MILLONES PARA EVITAR CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SERÁN PAGADOS POR LOS USUARIOS

-Desde la Defensoría del Pueblo, se acompañó la inclusión de la ET El Espinillo 500/132KV Formosa, la Línea Interconexión Internacional 500KV Villa Hayes Paraguay-Formosa, entre las obras prioritarias a realizar, solicitándose, la incorporación de la LAT 220KV Guarambaré-Clorinda, “aunque se expresó y advirtió a las Autoridades Nacionales que los costos de todos estos emprendimientos de transporte energético, no puede ser trasladado a las facturas que pagan mensualmente los usuarios y por lo tanto, se requirió que los mismos, sean financiadas con fondos del Tesoro Nacional o con recursos de las empresas privadas, que en los últimos 20 años no invierten lo necesario y en consecuencia se producen los colapsos de tensión y cortes permanentes que sufrimos principalmente en época estival”-
La medida se enmarca en el -Plan de Contingencia Energética 2024-2026-, lanzado tras la emergencia energética decretada en diciembre de 2023 por el Gobierno Nacional de Javier Milei, donde desde la Secretaría de Energía, se explicó que se trata de una ampliación del 38,3% en la red eléctrica, lo que incluye líneas de alta tensión, estaciones transformadoras y conexiones internacionales. A diferencia de experiencias pasadas, el Estado Nacional no asumirá el financiamiento de las obras. En cambio, los usuarios residenciales y comerciales beneficiarios de la nueva infraestructura comenzarán a pagar “un cargo adicional en sus facturas”, una vez finalizada y habilitada cada obra. El nuevo esquema retoma una herramienta contemplada en el marco regulatorio eléctrico argentino, aunque hasta ahora poco utilizada por falta de inversión privada y dificultades administrativas. Según la Secretaría de Energía, el 35% de la infraestructura de transmisión eléctrica está al final de su vida útil y entre 2018 y 2023 solo se ejecutó el 38% de las inversiones necesarias. A eso se suma que la última obra nacional de alta tensión fue en 2017, y en el AMBA, en 2006. El diseño del plan fue elaborado por la Comisión de Transporte Eléctrico, con participación de Cammesa, ATEERA, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, y otros organismos técnicos del sector. Cada obra fue seleccionada por su criticidad, impacto regional y capacidad para resolver saturaciones del sistema. Aunque la ejecución estará a cargo de las empresas concesionarias, el Estado nacional, a través de la Secretaría de Energía, mantendrá el monitoreo técnico de cada proyecto. Las licitaciones se lanzarán de manera progresiva y cada obra deberá pasar por Audiencia Pública previa. El Gobierno defendió este nuevo esquema asegurando que en los últimos 20 años se destinaron 150.000 millones de dólares a subsidios energéticos, sin mejoras estructurales equivalentes. El objetivo, aseguran, es revertir el atraso en infraestructura, sin comprometer recursos fiscales, apelando a la inversión privada y al recupero de costos directamente de los usuarios beneficiados. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, peticionó al Ministro de Economía Luis Caputo y a la Secretaria de Energía María Tettamanti, “que estas obras para el sector del transporte energético, actualmente en manos de empresas privadas, como Transnea en nuestra zona, sean solventadas con fondos del Tesoro Nacional o recursos de estas firmas, que en los últimos años no han invertido suma de dinero alguna, brindando un servicio altamente deficiente, perjudicando gravemente a los usuarios residenciales, comerciales y a las distribuidoras públicas y privadas de todo el país”. En este sentido, el funcionario provincial advirtió que, si este nuevo esquema se lleva adelante, se producirán nuevos y fuertes aumentos en las facturas de energía, recordando que las actuales Autoridades Nacionales a través de la Secretaría de Energía de Nación y el ENRE han impuesto durante el 2024 incrementos en la potencia del 3252%, en el transporte del 1254% con lo cual los usuarios residenciales, más los comerciales, las pymes y el sector industrial se encuentran pagando costos irracionales que representan en muchos casos el 50% o más de sus ingresos.